El Gobierno nacional oficializó el protocolo que regirá el accionar de las Fuerzas Armadas para detener civiles en situación de flagrancia en la frontera norte, en el marco de los operativos destinados a combatir el crimen organizado. La medida, impulsada por el Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri, busca operativizar el artículo 34 del Código Procesal Penal dentro de las fuerzas, estableciendo un esquema regulado que enfatiza el respeto por el uso proporcional de la fuerza.

Las fuerzas recibieron directivas estrictas para su aplicación ante la detección de un delito en flagrancia. El protocolo establece que, en primer lugar, el personal militar deberá identificarse claramente como miembro de las Fuerzas Armadas y agotar todas las instancias para detener la situación mediante métodos no violentos. En caso de ser necesario el uso de la fuerza, se deberá emitir una advertencia verbal previa. La utilización de la fuerza solo se autorizará cuando sea estrictamente imprescindible, y si las condiciones lo permiten, se priorizará la convocatoria a personal de fuerzas de seguridad o policiales, quienes cuentan con formación específica para la gestión escalonada de conflictos.

El protocolo también subraya que cualquier accionar deberá ser proporcional a la gravedad de la amenaza, buscando minimizar daños y lesiones. Se prohíbe expresamente disparar contra vehículos o personas sospechosas que intenten huir de controles o instalaciones militares, incluso ante indicios de un posible ilícito. El uso de armas letales se restringe a situaciones de legítima defensa propia o de terceros ante agresiones que pongan en riesgo la vida o la integridad física, y de ser posible, se deberá realizar un disparo de advertencia previo. En caso de disparar, se deberá intentar impactar en zonas no vitales para evitar consecuencias fatales o daños colaterales innecesarios. El protocolo faculta a las Fuerzas Armadas a realizar aprehensiones transitorias de personas sorprendidas en flagrancia, con la obligación de informar inmediatamente a las fuerzas de seguridad o al Ministerio Público Fiscal para que asuman la intervención correspondiente. Este protocolo se aplicará en el marco del operativo "Julio Argentino Roca", desplegado en zonas rurales del norte y noreste del país, alejadas de centros urbanos y pasos fronterizos oficiales.

P.D.J.S.