La privatización será ejecutada de manera escalonada, mediante la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio que integran Enarsa, garantizando –según el texto oficial– la continuidad de los servicios y obras en curso. Esta etapa inicial contempla la venta del 100% del capital accionario de la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), de la cual Enarsa es titular.

Citelec es, a su vez, la accionista controlante de Transener S.A., empresa clave en el transporte de energía eléctrica de alta tensión en la Argentina. La operación se realizará a través de un concurso público, con alcance nacional e internacional, sin establecer preferencias ni programas de propiedad participada, tal como lo permite la Ley 23.696 de Reforma del Estado.

Desde el Gobierno argumentan que la iniciativa busca revertir la ineficiencia de la gestión estatal en áreas que, según expresan, podrían ser más competitivas si estuvieran bajo administración privada. De hecho, el decreto menciona que en 2023 el Estado Nacional destinó más de 1,2 billones de pesos en aportes a Enarsa, sin que se obtuvieran los resultados esperados.

Actualmente, Enarsa posee participación accionaria en diversas compañías vinculadas al transporte y generación de energía, tanto térmica como hidroeléctrica y eólica. Entre ellas se encuentran Termoeléctrica José de San Martín, Vientos de la Patagonia, Hidroeléctrica Alicurá, entre otras, además de un 1% en Nucleoeléctrica Argentina.

La privatización de Citelec marca un punto de partida dentro de un esquema que podría extenderse hacia el resto de las participaciones de Enarsa, conforme avance el proceso. Desde el Ministerio de Economía, autoridad de aplicación del plan, se encargará la implementación técnica y normativa, con la colaboración de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.