En una contundente respuesta a la protesta llevada adelante la semana pasada por el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Corredores Viales S.A. comunicó el despido de 117 de los 2.500 empleados que persistieron con la medida de fuerza. La empresa calificó las acciones sindicales, ligadas al gremialista Facundo Moyano, como "ilegales e ilegítimas".

Fuentes oficiales informaron que el paro de cuatro días generó graves perjuicios económicos, estimando pérdidas superiores a los 2.500 millones de pesos para el Estado Nacional. La protesta inicial del SUTPA se centró en un reclamo al Estado en solidaridad con la situación laboral de 500 trabajadores de la empresa privada Caminos del Río Uruguay, cuya concesión finalizó. Según Corredores Viales, el sindicato pretendía que el Estado contratara o indemnizara a personal cuya responsabilidad recaía en una empresa privada.

La empresa estatal denunció la medida ante la Secretaría de Trabajo por afectar las operaciones sin previo aviso, incumpliendo la Ley 14.786. Ante esta situación, el SUTPA modificó los motivos del paro, argumentando nuevas razones que, según la empresa, no justificaban una medida de tiempo indeterminado.

Desde el Gobierno se advirtió que no se tolerarán "extorsiones de ningún tipo por parte de la casta sindical" y se ratificó que, ante la persistencia de medidas "extorsivas y desproporcionadas", Corredores Viales continuará aplicando sanciones disciplinarias, incluyendo descuentos salariales y despidos.

Las acciones del SUTPA incluyeron el levantamiento de barreras de peaje y la obstrucción del tránsito, generando largas demoras y una pérdida diaria de recaudación estimada en 700 millones de pesos, afectando tanto el cobro manual como automático a través de Telepase.

Finalmente, se informó que se trabajó en conjunto con las fuerzas de seguridad en un protocolo para prevenir futuros cortes de ruta y garantizar la libre circulación. La medida de fuerza de la semana pasada había generado caos vehicular, especialmente en la Autopista Riccheri, mano hacia la provincia de Buenos Aires, en una zona de alto tránsito de camiones hacia el Mercado Central. La decisión del SUTPA se había tomado ante la "preocupación" por rumores de despidos en los 10 tramos de la Concesionaria Vial, incluyendo a los empleados de Caminos del Río Uruguay.

Por P.D.J.S.