El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reafirmó la voluntad del presidente Javier Milei al sostener que "el uso de la fuerza está absolutamente establecido y reglamentado", y en las vísperas de una nueva movilización alertó que los manifestantes "serán reprimidos por la fuerza del orden si es que utilizan la violencia para expresarse".

"Si es una marcha como la que han venido haciendo los jubilados durante tiempo, planteando un reclamo que es absolutamente legítimo, no tenemos ningún problema", sostuvo en declaraciones radiales, y continuó: "Pero si se agregan agentes violentos que lo que pretenden es desestabilizar serán reprimidos por la fuerza del orden si es que utilizan la violencia para expresarse".

En la misma línea, y luego de que la represión policial dejara más de 20 heridos, uno de ellos, el fotoperiodista Pablo Grillo, afirmó: "El uso de la fuerza está absolutamente establecido y reglamentado. No hay una utilización fuera de lo que son los cánones normales de reprimir una manifestación violenta".

"Hubo un incidente que se produjo por circunstancias muy particulares, no deseadas, pero fue la consecuencia de un evento que se generó en esas circunstancias", sostuvo sobre el caso de Grillo, quien debió ser internado en el Hospital Ramos Mejía tras recibir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en su cabeza, con pronóstico reservado.

Asimismo, aclaró que se trató de un episodio "no deseado", y alertó que el suceso no impedirá que "en el futuro se sigan utilizando las fuerzas en particular". "Además, está por verse de cómo fue el disparo", planteó Francos. 

Además, pidió "interpretar con claridad" los dichos de Milei al determinar que "los buenos son los de azul y los malos los de la cara tapada", para entender que "las fuerzas de la ley son las fuerzas de seguridad y si hay un hecho que está fuera de la ley será investigado por la justicia, como en cualquier estado de derecho". 

Por último, habló sobre el futuro de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los designados por el mandatario para abultar la Corte Suprema, y planteó que el decreto emitido por el Poder Ejecutivo garantiza su designación hasta el 30 de noviembre.