Mario Martí, titular del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional, y Alfredo Ramírez, secretario General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, expresaron a época su preocupación sobre las políticas de Nación que amenazan con afectar drásticamente las operaciones del organismo.

"La semana pasada, el administrador nacional de Vialidad informó que se planea despedir a 1.200 trabajadores, lo que representa entre un 20% y un 30% del personal. Esto es alarmante", señalaron Marti y Ramírez. Además, advirtieron sobre la posibilidad de que se publique un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que cierre Vialidad Nacional y derogue el decreto que estableció su creación en 1950.

Por esta razón, los dirigentes sindicales de Corrientes y de todo el país iniciaron medidas para visibilizar lo anunciado por el funcionario nacional.

Ayer en la ciudad de Corrientes, un grupo de 30 personas se concentró frente al edificio con banderas, chalecos y panfletos informativos que fueron entregando a los automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

En contacto con época, ambos representantes resaltaron que, de llevarse a cabo esta reestructuración, las rutas volverían a estar en manos privadas, como ocurrió en la época de Menem. "Sin Vialidad no hay ruta, y sin rutas adecuadas no hay desarrollo para el país", enfatizaron.

El contexto es crítico, ya que se prevé que, con la nueva concesión de rutas, el personal administrativo se vea obligado a colaborar en el mantenimiento de las vías debido a la falta de recursos humanos en los campamentos. "Esto afectará el trabajo en mantenimiento y la seguridad de los usuarios", afirmaron.

Ramírez subrayó que, de concretarse la baja de personal, unas 3.600 familias quedarían sin sustento, lo que agrava aún más la situación. "Estamos pidiendo un fondo de 340 millones de pesos que le corresponde a Vialidad, pero el Estado se está quedando con esos fondos desde el año pasado", lamentaron.