El decreto dispone que, una vez concluidas las causas judiciales o administrativas, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) recibirá las armas y materiales decomisados para su depósito definitivo, tras lo cual el Ministerio de Seguridad Nacional, que encabeza Patricia Bullrich, decidirá su destino.

La normativa, que modifica la Ley N° 25.938, establece que estos bienes podrán ser destruidos o entregados a las fuerzas de seguridad para su uso exclusivo.


Así, la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeronáutica y el Servicio Penitencia Federal podrán contar con esos elementos, tras la intervención de la Justicia y el ámbito administrativo del Estado.

La medida también introduce cambios en el procedimiento de decomiso y destrucción de armas, indicando que, tras una sentencia firme, la ANMAC determinará los métodos para su eliminación o su aprovechamiento con fines de interés público.


En todos los casos, los materiales solo podrán ser utilizados por las Fuerzas Policiales o de Seguridad Federales.

Según los fundamentos del decreto, la decisión responde a la necesidad de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y optimizar el uso de recursos estatales.

El Gobierno argumenta que durante años se han destruido miles de armas en condiciones de uso y que la reutilización de estos equipos permitirá reducir gastos en la adquisición de nuevo armamento, en línea con la política de austeridad y control del déficit fiscal.

Asimismo, se destaca la necesidad de garantizar una trazabilidad estricta de las armas reutilizadas para evitar su extravío o malversación. Para ello, el Ministerio de Seguridad establecerá normas de control sobre el traspaso y uso de los materiales asignados a las fuerzas federales.

El decreto entrará en vigencia de manera inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme al procedimiento previsto en la Ley N° 26.122 para el análisis de los Decretos de Necesidad y Urgencia.