>>No es la primera vez que organizaciones internacionales advierten del deterioro de los derechos humanos en Venezuela en este último tiempo. Pero el último informe publicado este martes por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela es de los más contundentes, pues asegura que el Gobierno liderado por Nicolás Maduro “ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato”, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”.
>La misión, que ha examinado la situación en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, ha documentado “violaciones y crímenes, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas” y lejos de ser actos aislados, asegura, se trata de “un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir a la oposición” del país, donde Maduro lleva once años gobernando, desde que asumió como presidente en 2013 tras el fallecimiento de Hugo Chávez.
>“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, ha señalado Marta Valiñas, presidenta de esta Misión que fue establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que tiene el mandato de investigar las violaciones graves de derechos humanos como desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles cometidos desde 2014 en el país latinoamericano. “Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.
>El grupo de la ONU ha constatado que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral con el 51,9% de los votos y el antichavismo denunció “fraude”, se ha producido un “nuevo hito en el deterioro del estado de derecho” en el país, de forma que “las autoridades públicas han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder”. El informe también indica que ya en el periodo previo a los comicios, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el Gobierno describió como conspiraciones en su contra y se emitieron órdenes de arresto para otras personas, entre las que se incluyen personal militar, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.